Con la llegada de la primavera comienza la tradicional discusión del presupuesto fiscal para el siguiente año. Sin embargo, el año 2025 será especial, ya que enfrentamos el último presupuesto de este gobierno, que será ejecutado en medio de elecciones presidenciales y parlamentarias. Se anunció una expansión del gasto de 2,7% PIB, alineada con la expansión del PIB esperada por el Ejecutivo, pero sobreestimando el crecimiento proyectado por el Banco Central (1,5%-2,0%). Esto podría incrementar el déficit, como lo señalan una y otra vez los informes de finanzas públicas ajustados al alza.

Como senadores, debemos analizar la ley de Presupuestos, asegurándonos de que cada peso de gasto esté financiado, principalmente mediante recaudación de impuestos y, el resto, con más deuda. Las holguras para gastos nuevos son mínimas y, sin un milagro en los recursos naturales, no habrá forma de cubrir nuevos compromisos sin endeudarnos más. Los esfuerzos del Gobierno por controlar los gastos parecen insuficientes, lo cual es preocupante dado que las elecciones de 2025 podrían incentivar medidas populistas. Los intereses que paga el Estado ya superan los USD 4.000 millones anuales, cifra récord.

La reciente discusión sobre el cumplimiento tributario dejó un sabor amargo, ya que el Gobierno mantuvo supuestos optimistas sobre la recaudación, a pesar de advertencias locales e internacionales. Mientras que La Moneda estima un incremento del 1,5% del PIB en régimen, el FMI proyecta solo un tercio (0,5% PIB). La mayor parte de esta recaudación se destinará a la Pensión Garantizada Universal y a seguridad, pero sin los ingresos prometidos, esas promesas no podrán cumplirse.

La nueva ley forma parte del Pacto por el Crecimiento, pero creemos que la discusión se basó en un diagnóstico erróneo de la evasión fiscal. Si no moderamos el gasto, los problemas de sostenibilidad fiscal se agravarán, aumentando la deuda pública. A pesar de lo señalado por las autoridades, es probable que nos acerquemos peligrosamente al umbral del 45% del PIB en deuda pública.

Un acuerdo en el Congreso comprometió un estudio que evaluará el impacto de la ley en tres años, aunque las actuales autoridades ya no estarán en el poder para responder por sus promesas. Mientras tanto, la posibilidad de recaudación adicional por bienes en el extranjero está sujeta a un plazo muy corto, lo que podría limitar su efectividad.

Como senadora de centro, he manifestado mi descontento con la falta de realismo del texto, y he recibido críticas por señalar los defectos del acuerdo entre oficialismo y oposición, que desoyó las advertencias de expertos. No descarto que, en este año electoral, se sigan forzando malas leyes y que el resultado lo paguemos todos, con más deuda y estancamiento. Con todo, espero que ni los augurios ni los malos escenarios se cumplan, especialmente por los millones de chilenos que, con su trabajo honesto, construyen su futuro en este país, para que podamos volver a crecer, volver a creer y volver a soñar con un Chile desarrollado.