LA SEGURIDAD DEL PAÍS EN EL CENTRO

CHILE EXIGE SEGURIDAD

Como ciudadanos y #Demócratas tenemos la certeza que para dar sustento al desarrollo social y económico de nuestro país. Un país seguro, es un país más atractivo para asentarse, invertir y otorgar justicia social a nuestros ciudadanos.

La violencia desmedida y la delincuencia sin control en las calles, plazas, barrios y autopistas, en la zona norte, centro y sur del país, son una preocupación real para la ciudadanía, que reflejan estudios de opinión a nivel transversal.

Quedarnos en silencio sería una complicidad de la que no seremos parte. Es por esto, que deseamos ser una voz constructiva, con la fuerza del diálogo para lograr que el país vuelva a la senda de la seguridad y el progreso..

En este sentido, ponemos en este documento, el trabajo de mujeres y hombres con compromiso Demócrata, que quieren aportar propuestas claras y serias al país, en materia de seguridad, fronteras y migración, tres temas urgentes para nuestro país.

La seguridad y la paz social se recupera con acciones concretas de corto y mediano plazo, para devolver a las y los chilenos, el derecho a vivir en paz.

EJES

1. CONTROL FRONTERIZO Y MIGRATORIO; DELINCUENCIA 2. CONTROL DE ARMAS Y DELINCUENCIA
3. ERRADICAR EL NARCOTRÁFICO
4. DEMOCRATIZAR LA SEGURIDAD

5. NUEVA Y MEJOR INSTITUCIONALIDAD
6. TOLERANCIA CERO A ASOCIACIONES ILÍCITAS

1. CONTROL FRONTERIZO Y MIGRATORIO Y DELINCUENCIA

• ACELERAR DECRETOS DE EXPULSIÓN. Chile debe dar la oportunidad a quienes son un aporte al país para desarrollarse libremente. Sin embargo, somos directos y claros, quienes solo vienen a hacer daño, deben ser expulsados prohibiendo y evitando su reingreso. Ello se logra acelerando los decretos de expulsión.

o De acuerdo al informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre seguridad, orden público interior y crimen organizado, “ha sido constatada la casi total inejecución de expulsiones administrativas por parte del Servicio Nacional de Migraciones, pese a existir un número no menor de estas ya instruidas. El grueso de las expulsiones que se practican es de carácter judicial. Esto incentiva el ingreso clandestino, por lo que debe elaborarse un plan de acción que permita llevar a cabo las expulsiones dictadas y afirme.” (p. 367)

• URGENCIAS LEGISLATIVAS EN SEGURIDAD: concordamos con la Comisión Investigadora de Crimen Organizado en “Dar celeridad a las iniciativas de ley de reforma a la actual Ley de Migraciones: la actual ley N° 21.325; además en los siguientes boletines, Boletín 15.270-06, para permitir actuaciones de control de identidad en casos de situación migratoria irregular (diputada Joanna Pérez); Boletín 15.257-06, para establecer requisitos y un procedimiento más claro y rígido en cuanto al acceso a la declaración de la calidad de refugiado (diputado Andrés Longton) y Boletín 15.409-06, que flexibiliza el mecanismo de notificación de resoluciones de expulsión (Ejecutivo).
• ROL DE FFAA E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA. Nuestra senadora Demócrata, Ximena Rincón, fue firmante del proyecto de Infraestructura Crítica que permite control fronterizo de las FFAA en coordinación con las policías, y el senador Demócrata, Matías Walker como presidente de Constitución en el Senado, tramitó con rapidez el proyecto que permite destinar a las FFAA en cooperación de control y detención en las fronteras. Sin perjuicio de la necesidad de contar de manera permanente con contingente de FFAA para esos efectos (como lo propone la reforma constitucional de los senadores Demócratas).
• MODERNIZACIÓN DE POLICÍAS y Ampliación de las escuelas de Carabineros e Investigaciones.o Aumentar la dotación ERTA (Brigada de Reacción Táctica) de PDI en regiones con alta presencia de crimen organizado, como la macro Zona Norte.

o Modificar el Código Penal: aumentar penalidad en delito de tráfico de personas.

Proponemos elevar la pena a crimen (más de 5 años y un día) y sin posibilidad de obtener beneficios en caso de reincidencia.

o Efectuar una Restructuración de los Planes Cuadrantes que datan del año 2008, en atención a la expansión demográfica y geográfica de las comunas. Esto permitirá planificar de manera estratégica los sistemas preventivos y de vigilancia. Lo anterior debe complementarse con la tecnología adecuada, suplementando la actuación de carabineros en terreno, con el monitoreo de drones.

• RECUPERACIÓN DE FUERZAS. Proponemos que se reclute personal militar y personal de Carabineros en retiro que puedan colaborar con sus conocimientos en términos administrativos en el ingreso al país.
• EXIGENCIA DE AUTOSUSTENTO. Exigir que cada persona que ingresa al país con visa de turista deba mantener o acreditar poseer al menos USD 2.000 para su estadía y manutención en el país por el plazo de 90 días.
• TRÁFICO DE AUTOS Y PARTES. Sabemos que los “portonazos”, encerronas y en general el robo de vehículos motorizados, muchas veces se encuentra relacionado con el tráfico de los mismos a nuestros países vecinos, especialmente Bolivia. Debemos crear desincentivos reales, como barreras, cerramientos o zanjas para evitar el paso de los vehículos. Además, aumentar penas y persecución al delito de robo con fuerza y robo con violencia de vehículos, la cual debe partir en presidio mayor en su grado medio a máximo de diez años y un día en adelante. En este sentido, el proyecto de la senadora Rincón que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en materia de adopción de medidas de seguridad por parte de los concesionarios (Boletín 15253-09) son indispensable para dar seguridad a los chilenos en su circulación libre por el país.Adicionalmente, creemos necesario que el Gobierno de urgencia al boletín 13277- 05, sobre Ordenanza de Aduanas, para sancionar el delito de contrabando internacional de vehículos; y al Boletín 15073-07, para establecer el deber de adopción de medidas de seguridad para las concesionarias de obras públicas y modificar las penas para los delitos que indica en materia de encerronas y portonazos.

2. CONTROL DE ARMAS Y DELINCUENCIA

Metropolitana (Brico) identificó los principales fenómenos delictuales presentes en el

mercado ilícito de armas en nuestro país.1 Es evidente el alto poder de fuego de los antisociales, incluso armas de guerra. El Ministerio Público y la Subsecretaría de Prevención del Delito, maneja estadística que avalan el alto poder de fuego que mantiene bandas de crimen organizado, que ya no sólo se encuentran asentadas en la zona norte de nuestro país, sino desplegadas a su largo y ancho.

• AUMENTAR PENAS POR ARMAS ILEGALES. Ante la baja penalidad que mantienen delitos relacionados con el tráfico precisamente de armas, creemos necesario subir la penalidad de tales delitos y privándolos de beneficios de cumplimientos alternativos de las penas, esto es, sin libertad vigilada, sin salida dominical, sin firma mensual etc.
• PODER DE FUEGO EN POLICÍAS. Es urgente dotar a nuestras policías de mejor poder de fuego, y no permitir que nuestros Carabineros deban enfrentar a los delincuentes y el crimen organizado en desventaja, nadie puede sentirse en mejor posición que a quienes les hemos entregado nuestro resguardo y protección como ciudadanos.
• REFORMA LEY DE ARMAS. La ley 21.412, de enero 2022, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer el control de armas, que si bien es una regulación muy detallada en relación a la tenencia legal de armas, nos encontramos aún en deuda con aquella legislación que logre alcanzar el mercado ilegal de las mismas, espacio que evidentemente es aprovechado por el crimen organizado y narcotráfico.3. ERRADICAR EL NARCOTRÁFICO

  Una amenaza que hace algunos años veíamos ajena y lejana se está apoderando con rapidez de nuestros barrios, plazas, calles, escuelas, establecimientos educacionales en general. En comunas donde el narco se ha impuesto, la tasa de homicidios supera en 6 veces el promedio nacional. No queremos eso para Chile.

• PRESENCIA DEL ESTADO EN LOS BARRIOS. Necesitamos con urgencia una mayor presencia del Estado en las zonas vulnerables para erradicar la “narco

1 https://www.pdichile.cl/centro-de-prensa/detalle-prensa/2022/01/21/investigaciones-tras-la-ruta-del- tráfico-de-armas

beneficencia”, protección en los puntos de entrada fronterizos, y zonas costeras de la Macrozona Sur. Además, mejorar atribuciones de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos para perseguir a quienes lucran con esta enfermedad que amenaza a nuestro país. Nuestras propuestas en temas de manejo fronterizo deben ir aparejadas con una fuerte penalidad, persecución y cero beneficios carcelarios a quienes reincidan en estos delitos.

• FORTALECER PROGRAMAS EN ZONAS VULNERABLES. Es necesario fortalecer todo programa gubernamental con buenos resultados que apunte a mejorar el acceso a servicios en zonas vulnerables y mantenerlos al margen de la tutela del narco. Por ejemplo, el programa “Familias Unidas” de la Subsecretaria del Delito, que sufrió una rebaja en sus recursos. Creemos que los factores de riesgo que están a la base del delito son los mismos que los que están a la base de consumo de drogas, por lo que el objeto y el trabajo de dicho programa debe mantenerse permanente y vigente a fin de “cortar la cadena” de la droga y el delito.

4. DEMOCRATIZAR LA SEGURIDAD

• VINCULACIÓN REGIONAL. Es indispensable que, en el mediano y corto plazo, comience la discusión profunda del traspaso de más y mejores facultades a los Gobiernos Regionales en materia de seguridad y orden público. Con esto se busca la planificación y ejecución de planes con enfoque regional. Es urgente que se reconozca la función de colaboración de los Gobiernos Regionales en la prevención del delito.Cada Región tiene su propia problemática delictual y requiere ser investigada y analizada de acuerdo a la información recopilada de todas las instituciones y la comunidad, ello permitirá colaborar con el trabajo investigativo de las fiscalías de análisis criminal en el sentido de focalizar de manera eficiente los recursos y poder llegar a resultados concretos que permitan dar eficiencia la labor policial. Se transformaría la Coordinación de Seguridad Pública de la SPD en esta unidad. Es por ello que creemos urgente la creación de una Unidad de Inteligencia a nivel Regional, dependiente de la ANI.
• COORDINACIÓN CON MUNICIPALIDADES. Sobre todo, considerando las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, en planes de seguridad pública comunal, donde los alcaldes y alcaldesas, hoy por hoy, mantienen responsabilidades ineludibles desde el punto de vista legal, pero donde efectivamente los Consejos de Seguridad Pública comunales se han transformado en leones sin dientes, frente a la escases de recursos para hacer frente, a programas de prevención en sus respectivas comunas.Es urgente también empoderar la seguridad ciudadana con la que cuentan los municipios, para asumir labores de control de actividades de falta a la civilidad, infracción a ley de alcoholes, incremento de ruidos molestos, citaciones judiciales y rondas preventivas para la fiscalización de medidas cautelares. Todo lo anterior, para coadyuvar la labor de carabineros en estas funciones.

• CERRAR BRECHAS PRESUPUESTARIAS. Concordamos también en el diagnóstico de la Comisión Investigadora de Crimen Organizado, en orden a “dar celeridad a las mejoras presupuestarias para las policías en la zona y preferencia a esta misma zona en dichas mejoras: la Ley de Presupuestos del sector público para 2023 contempla mejoras y aumentos en recursos, especialmente en cuanto a la adquisición de vehículos hasta reducir al menos hasta un 16% el déficit operacional que es de un 54% de la flota actual. Se propone la necesidad de dar total celeridad a todos los actos administrativos de licitación y contratación pública que permitan este objetivo, así como también dar énfasis a las regiones del Biobío y de La Araucanía para acceder a estos vehículos tomando en cuenta la extensión y ruralidad de ambas regiones, así como el poder de fuego que en ellas se presenta.” (p. 369)

5. NUEVA Y MEJOR INSTITUCIONALIDAD

• REFORMA AL MINITERIO PÚBLICO. Avanzar con urgencia por parte del Ejecutivo en la reforma y reestructurar el Ministerio Público, como por ejemplo eliminando incentivos a términos “express” de las causas y evitando que delitos y crímenes queden sin investigar. Aumentar la dotación de fiscales adjuntos, acogiendo la recomendación de la asociación nacional de fiscales y aumentar en al menos 375 contrataciones, con el respectivo abogado Asistente, y ayudantes de fiscales para acelerar las diligencias investigativas, dando rápida respuesta a los requerimientos. Aumentar incentivos para causas terminadas con condenas efectivas, cuidando de no afectar el debido proceso. Eliminar trabas y aumentar incentivos que permitan disminuir tasa de delitos sin imputado conocido.
• REFORMA AL SISTEMA DE INTELIGENCIA. Es urgente contar con una actualización del Sistema de Inteligencia Nacional. En este sentido, es necesario dar discusión urgente y tramitación rápida al proyecto que Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. (boletín 12234-02). Su objetivo es mejorar la coordinación con otros organismos públicos afines también encargados de la protección de la soberanía nacional, la seguridad pública y el bienestar social. El proceso de modernización pasaría por incorporar nuevos organismos e instituciones afines al trabajo preventivo de inteligencia y estimular las competencias del personal a cargo de ella. También se busca incrementar la capacidad de producir inteligencia por parte de todos los actores y niveles del Sistema de inteligencia del Estado y hacer obligatorio un modelo colaborativo, sancionando el incumplimiento al deber de contribuir con información al Sistema de Inteligencia del Estado y la violación de su secreto.

• AUMENTAR RESILIENCIA DE LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, SUS ÓRGANOS E INFRAESTRUCTURA. Debe darse urgencia al proyecto de ley, que modifica el D.L. N° 2.460, de 2003, LOC PDI, en lo referente a su labor investigativa especializada (Boletín 15.317-07). En concreto, es un artículo que precisa el rol orientado al desarrollo de la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado, y a la prevención de la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos del Estado, y que contribuya a la generación de un sistema de seguridad pública integral, eficiente y eficaz, capaz de enfrentar los peligros, riesgos y amenazas que atentan contra la ciudadanía.
• REFORMA DEL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS. Permitiendo que den respuesta efectiva a requerimientos e información requerida por los demás órganos del Estado y que no se vea opacada su acción por intrusiones políticas temporales. El Instituto debe responder al país y a los requerimientos de las chilenas y chilenos, y no a grupos o intereses políticos o particulares. En razón de esto es necesario que se explore una reforma estructural a la forma de integración del Consejo, así como su deber colaborativo y autonomía, además incorporar nuevas tareas en sus objetivos institucionales, como por ejemplo resguardo de víctimas de delitos violentos en los cuales se ha vulnerado sistemáticamente los derechos humanos o requerimientos de diversidades de género actualmente invisibilizadas.
• DATOS CERTEROS PARA ACTUAR. Tal como lo expuso el actual Fiscal Nacional en su intervención ante el Senado, es urgente unificar la información con la que cuentan los diferentes órganos del Estado en el combate delictivo. Con una información certera, se puede combatir de manera más rápida y eficiente la acción delictiva desde sus inicios. Es por ello, que estimamos necesaria la concreción de una anhelada promesa, como lo es el Banco Unificado de Datos (BUD), al que puedan acceder todas las instituciones de manera coordinada.6. TOLERANCIA CERO A ASOCIACIONES ILÍCITAS

• CRIMEN ORGANIZADO. Existen situaciones de crimen organizado que utilizan menores de edad para la comisión de ilícitos. Es necesario que se implemente que cada menor que ingrese al país deba hacerlo con al menos uno de sus progenitores, acreditado por documento legalizado, y no permitir el ingreso de menores al desamparo de quien ejerza legalmente su patria potestad y cuidado personal.

Debemos combatir la delincuencia organizada, a través de dar urgencia al proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación (Boletín N° 13.982-25), en segundo trámite constitucional en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

• COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS. Aquí coincidimos con la Comisión especial investigadora en crimen organizado, en el sentido de que se debe propender a la “creación de unidades regionales interinstitucionales dedicadas a recabar antecedentes e investigar el lavado de activos, particularmente el vinculado a las bandas asociadas al crimen organizado.” (P. 371)Se debe complementar la ley 21.453 de junio 2022, que modifica el Código Tributario, obligando a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información al Servicio de Impuestos Internos sobre saldos de cuentas financieras y sumas de abonos que mantengan sus titulares en Chile. Para ello, debe darse urgencia al Proyecto que Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos. (Boletín 13205-07), un proyecto que avanza en sancionar efectivamente los delitos denominados de cuello y corbata, disminuyendo espacios de impunidad.
• PLAN DE TOLERANCIA CERO A LA DELINCUENCIA. Es necesario tener en cuenta la experiencia de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se implementó un plan de tolerancia cero, cuyo objetivo era dar persecución penal a toda clase de delitos, con preferencia de los delitos y faltas menores. El objetivo de ello, es cortar la carrera delictiva en estadios tempranos de su comisión. Esto provocó un efecto para desincentivar la comisión de delitos cada vez más complejos, y se realizó una campaña efectiva de desarticulación temprano de crimen organizado que comenzaba con delitos menores. Actualmente, en materia de persecución penal, se usa precisamente la fórmula contraria, es decir, se prefiere la persecución de delitos más complejos, en el tope de la carrera delictiva, arguyendo la eficiencia de los recursos limitados destinados a la persecución penal.• DISCUSIÓN INMEDIATA DE PROYECTO DE CRIMEN ORGANIZADO. El Boletín 13588-07, ingresado el año 2020 y actualmente en Comisión Mixta, tiene por objeto modificar diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Entre sus avances está el comiso de las ganancias ilícitas, entrega de mayores facultades investigativas para la persecución de estos delitos y desarticular bandas, escuchas telefónicas, agentes encubiertos, y que la unidad de análisis financiero pueda hacer seguimiento de compras sospechosas.

• ELIMINAR INCENTIVOS A “PUERTA GIRATORIA”. Estimamos necesaria la reforma de ciertas salidas alternativas, que permiten a los fiscales ofrecer término de causas sin cárcel a delincuentes con reincidencia sucesiva. Si bien creemos en los efectos resocializadores de las penas, estos deben ofrecerse de manera preferente a los llamados delincuentes “primerizos“, y que muestren intención y conducta adecuada para someterse a dichos programas intra carcelarios. Asimismo, debe revisarse la institucionalidad sobre libertad condicional, haciendo vinculante el informe de Gendarmería para la concesión de beneficios.
• FRENAR PERMISOS PENITENCIARIOS “SIN CONTROL”. Coincidimos con la Comisión Investigadora de Crimen Organizado de la Cámara, en cuanto a “cesar en la concesión de permisos intra penitenciarios que implican la salida al medio libre sin respetar el marco legal y reglamentario dispuesto para ello: como se señaló en las conclusiones, esta serie de permisos de salida hacia Centros de Estudio y Trabajo y de salida al medio libre no han respetado el marco legal y reglamentario. En este sentidoAsimismo, proyectos que perfeccionan el sistema procesal penal para limitar la llamada “puerta giratoria”, por ello estimamos que, es necesario dar urgencia al Proyecto que Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social (boletín 15.661-07)
• AUMENTAR PENAS DE ASOCIACIONES ILÍCITAS. Reformar las penas a las asociaciones ilícitas y modificar su tipo penal, facilitar la labor investigativa de las policías, crear Unidades de Alta Complejidad Delictual en las policías. No podemos tolerar una legislación que ampare o deje áreas grises al actuar de grupos criminales. Eliminar los incentivos a las asociaciones y crimen organizado, cortando la salida de vehículos robados o partes por las aduanas.
• MEJORAR CONDICIONES DE GENDARMERÍA. En este punto, hacemos nuestra también la conclusión de la CEI sobre Crimen Organizado, en orden a proteger y mejorar la situación de trabajo de los miembros de la Gendarmería de Chile, aumentando controles, rol de autoridad, y eliminación de riesgo de contaminación de los funcionarios de prácticas ilegales y reprochables de parte de los internos.
• MÁS CONTROL ADUANERO. La labor del Servicio Nacional de Aduanas es esencial para bajar el incentivo a las asociaciones criminales, al cortar el flujo de dinero entre el crimen y sus líderes, se comienza a desbaratar su organización y crecimiento. Es urgente una reforma al funcionamiento de Aduanas, dotar de mayor tecnología, implementar los recursos adicionales aprobados en Presupuesto 2023, así como modificar las normas legales para facilitar coordinación entre Aduanas y el SII, así como la Unidad de Análisis Financieros. Se sugiere implementar alertas tempranas entre estos 3 servicios para detectar al inicio la conformación de asociaciones ilícitas. Fortalecer funcionamiento, capacitación y adquisición de nueva tecnología contra el crimen organizado en complejos de Colchane, El Loa y Chacalluta, asimismo mayor fiscalización en Zona Franca y el Puerto de Iquique.

• COMBATE DEL CIBERCRIMEN. En junio 2022 se publicó la Ley 21.459, que, actualiza la legislación chilena en materia de delitos informáticos, adecuándola a las exigencias del Convenio de Budapest, del cual Chile es parte. De esta manera se tipifica como delitos informáticos el ataque a la integridad de un sistema informático, acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de los datos informáticos, falsificación informática, receptación de datos informáticos, fraude informático y el abuso de dispositivos, contemplando los cuales penas, según su gravedad, que van desde presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo, así como aplicación de multas. Se incorporan entre otras materias, reglas especiales en materia de procedimiento, concediéndose legitimación activa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales cuando las conductas señaladas en la ley afecten servicios de utilidad pública y se permite ordenar técnicas de investigación.

Por otra parte, es urgente complementarlo con el proyecto de ley, que establece una Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información (Boletín 14.847-06), aprobado por la Comisión de Defensa y actualmente en la Comisión de Seguridad Pública. Establece un marco normativo en materia de ciberseguridad, responsabilidades y deberes asociados para una serie de órganos de la Administración del Estado; los órganos del Estado y las instituciones privadas que posean infraestructura crítica de la información.