La gravísima situación en el norte hasta ahora ha sido abordada como un asunto de orden público cuando en realidad, estamos ante algo mucho más alarmante: un problema de seguridad nacional. Para nadie es un misterio que la permeabilidad de nuestra frontera ha hecho que junto al drama humanitario conviva el ingreso silencioso de organizaciones del crimen organizado y narcotráfico a nuestro país.
En enero pasado aprobamos, en comisión mixta, una reforma para el resguardo de la infraestructura crítica, que permite el cuidado y control de fronteras a través de una suerte de figura de “estado de excepcionalidad”, por parte de las Fuerzas Armadas.
Incluso antes de esta iniciativa, advirtiendo esta amenaza, ingresamos una reforma constitucional para especificar las funciones del Ejército en el control fronterizo. No obstante, el Ejecutivo, con la presión de su coalición, prefirió llegar a una fórmula intermedia y la regulación del uso de la fuerza se dejó para la dictación de una serie de normas reglamentarias, por medio de un acuerdo suscrito en la Comisión Mixta, pues, de cara a la crítica época estival, era urgente la aprobación de alguna fórmula. Así, se postergó algo imprescindible: asignar a las FFAA, de manera permanente, el control de la frontera y legalizar la expulsión inmediata de quienes ingresen ilegalmente al país por pasos no habilitados.
El Gobierno firmó el primer decreto con fuerza de ley –por ahora provisorio-, mientras se discutan las normas definitivas. De su sola lectura, se desprenden numerosas falencias, y es de esperar que haya disposición para correcciones. Pareciera una costumbre nacional el “gatopardismo” de Lampedusa (es preciso que algo cambie para que todo siga igual), como si hacerse trampas con medidas efectistas de corto plazo fuese la manera de tranquilizar a la ciudadanía, sabiendo que éstas no abordan ni solucionan el problema de fondo.
Es impresentable que la norma no considere la posibilidad de que las FFAA se enfrenten con grupos del crimen organizado y narcotráfico con alto poder de fuego en la zona. ¿Se aplicarán las mismas reglas de uso de la fuerza para controlar a inmigrantes ilegales desarmados o refugiados que para enfrentar bandas armadas de crimen organizado? El uso de la fuerza ante situaciones graves -si sigue abordada como hasta ahora- solo deja expuestos a nuestros uniformados a asumir toda la responsabilidad penal ante un incidente de características distintas a las que se pretende abordar. Así, el Ejército, en este momento, no cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo para actuar ante el crimen organizado. Una vez más, la ideología pesa más que la realidad.
Además de corregir todo lo anterior, es impostergable seguir discutiendo y definiendo un marco constitucional de inteligencia y prevención que dote de la arquitectura necesaria a la autoridad. El compromiso como partido Demócratas, por la seguridad de la ciudadanía, es revisar la efectividad de todo esto, esperando que el Gobierno asuma los cambios necesarios. De lo contrario, asumiremos el desafío de sacar adelante esta urgente reforma constitucional.
Ximena Rincón, Senadora Pdta. de Demócratas
Gabriel Alemparte, abogado Vice Pdte. de Demócratas
Fuente: La Segunda
