La lista de ineficiencias del Estado no es simplemente una cuestión de cifras abultadas; son cargas que impactan directamente en el bolsillo de millones de chilenos que contribuimos diariamente al Estado, para cubrir necesidades y no para sufrir pérdidas.

Lamentablemente en los últimos años, no hemos presenciado la tan prometida mejora en la gestión del dinero público, sino todo lo contrario. El “caso Convenios”, escándalos millonarios de malversación en municipios, subejecuciones presupuestarias que se maquillan como aumento del gasto para el siguiente año, fraudes y corrupción tributaria, todo, en momentos de contracción económica, son ejemplos claros de esto.

Mientras tanto, los chilenos apretándose el cinturón, viendo cómo el mercado laboral y las pensiones se deterioran cada vez más, y cuando la economía apenas comienza a dar señales de una recuperación leve, resulta indignante observar cómo el dinero público se desperdicia o se desvía hacia los bolsillos equivocados. Esta indignación se agrava aún más por el hecho de que las autoridades siguen insistiendo en un pacto fiscal que no aborda adecuadamente los problemas más apremiantes: cómo contribuir con nuevos recursos para el combate del crimen organizado, potenciar el crecimiento, la educación, la salud y las pensiones.

Aunque se han escuchado todas las posturas en reuniones técnicas del Ministerio de Hacienda, es necesario pasar de la voluntad de diálogo a la voluntad de acción.

No tiene sentido prolongar discusiones interminables, si no se llega a un consenso amplio sobre un diagnóstico que todos los sectores ya han hecho: Chile necesita volver a crecer. Este crecimiento no se consigue con el aumento de impuestos, sino incentivando el emprendimiento y la inversión, como en décadas pasadas, donde crecíamos al 4,8% promedio (2004-2013), mientras que en la última década un escaso 2% promedio (2014-2023). ¿El futuro? No se ve mejor, con un 1,6% a 2025 según la OCDE.

Es urgente tomar decisiones basadas en los puntos de acuerdo existentes, especialmente en lo que respecta a la elusión y evasión fiscal, donde se puede avanzar considerando ciertos puntos sobre el potencial recaudatorio. Es esencial volver a enfocarse en recuperar las arcas públicas, no solo mejorando transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, sino también asegurando la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. Esto implica fortalecer la regla fiscal y reformar los mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la contribución del litio al erario público.

Sin crecimiento económico, no habrá avance. El Consejo Fiscal Autónomo ya ha advertido que no hay margen para gastos permanentes adicionales sin un financiamiento correspondiente, especialmente cuando las proyecciones de deuda pública continúan en aumento.

Es fundamental respaldar este crecimiento esperado con medidas que generen certidumbre, evitando reformas que puedan desalentar la necesaria inversión y el retomar el camino hacia el desarrollo. Sin desarrollo no hay erradicación de la pobreza, la cual ya ha ralentizado su disminución, desde caer en promedio 4 a 5 puntos por año en el periodo 2011-2013, a solo 2 puntos por año en el período 2020-2022.

Ha llegado el momento de acordar que el crecimiento debe ser el motor y el protagonista de cualquier reforma, dejando de lado maximalismos y cegueras ideológicas, y poniendo a Chile y a las personas en el centro.